Criminalización de la protesta social.
Es característica del Estado de derecho el garantizar la seguridad de los ciudadanos, mediante la regulación del actuar de este Estado a normas y principios jurídicos de justicia conocidos, de modo que se pueda comprender y prever la esfera de su actuación.
La selección estatal de un acto de protesta como ilícito penal, cuando esta selección se realiza infringiendo a aquellos principios del poder penal del Estado constituye un supuesto de criminalización ilegítima o de “criminalización de la protesta”.
La intervención del Poder Judicial en la cuestión de la protesta social demuestra que desde 1996 dicho Poder ha abusado en diferentes ocasiones de las potestades constitucionales que le son inherentes. Esta criminalización judicial de la protesta social se manifiesta en los miles de procesos penales iniciados al margen del derecho. El único fin, fue y es, controlar ilícitamente la acción política del pueblo.
Lejos está la aplicación del poder penal del Estado como un último recurso para asegurar la paz social, ya que en su lugar se lo utiliza como una herramienta fascista de control de las masas populares.
Es el actuar del Poder Judicial (no de los otros poderes constitucionales existentes), el cual determina la criminalización de la protesta social. Esto no implica que no existan groseras violaciones de derechos por parte del Poder Ejecutivo o del Legislativo, pero lo importante es resaltar que esto es posible precisamente por la ausencia de intervención de un Poder Judicial activo y al servicio del pueblo. De este modo el Poder Judicial deja “vía libre” al actuar arbitrario de los otros poderes, tanto durante la etapa previa, durante su actuación y en la etapa de investigación de los hechos ocurridos.
Abundantes son los casos que permiten graficar lo anteriormente dicho.
Por ejemplo, en la Provincia de Formosa, estudiantes de la Escuela Juan José Silva se encontraban manifestando pacíficamente contra la arbitraria proscripción de tres listas que se presentaban para la conducción del Centro de Estudiantes, que pretendía proclamar discrecionalmente y hacer asumir ilegalmente a la lista proporcionada por las autoridades del Gobierno provincial. En el interior del establecimiento se pudo apreciar en días anteriores a que suceda el desalojo violento, la presencia de patovicas armados, policías de civil que filmaban y sacaban fotos a los estudiantes. Las autoridades educativas de la Provincia y de la Nación, han permitido la irrupción represiva de la policía, para convalidar un acto comicial fraudulento.
También en la Provincia de Formosa el caso de Roberto López, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), es otro basto caso para ejemplificar sobre la criminalización de la protesta social.
Roberto López era un agricultor y mariscador (cazador) honesto, a quien le arrasaron su casa, sus frutales, y su quinta de mandioca, batatas y maíz. Participó de la lucha emprendida por la comunidad aborigen qom de la Primavera (Formosa) en defensa de sus tierras ancestrales. Esta lucha dejó como saldo la muerte de Roberto López, una anciana agonizando, Sixto Gómez que debate entre la vida y la muerte, heridos, desaparecidos, y mujeres, niños y ancianos fueron presos y maltratados.
El gobernador formoseño, Gildo Insfrán, es un aliado incondicional del kirchnerismo. ¿Será por eso que ningún funcionario del Gobierno cuestionó la represión al pueblo originario? Para completar la imagen, a dos días de los acontecimiento, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se reunió con Insfrán con el motivo de inaugurar una obra eléctrica, donde se pudo apreciar la abundancia de sonrisas y felicitaciones por la obra en cuestión. Eso si, no hubo ningún comentario sobre la masacre producida contra los qom.
Otro caso que manifiesta la actual criminalización de las luchas populares es el asesinato de Mariano Ferreira (militante del Partido Obrero).
Nestro Kirchner siempre dijo: “Este Gobierno no reprime la protesta social”, discurso también repetido por su viuda, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus ministros, legisladores, militantes e intelectuales orgánicos al kirchnerismo. Pero ninguna de estas personas salió a denunciar el asesinato y la directa vinculación del gobierno nacional respecto de las víctimas de la criminalización de la protesta social, como es el caso de Roberto López.
¿Qué opinan al respecto los kirchneristas, los “progre”, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, etc…?.
La reacción del Estado, ante las luchas populares que defienden los derechos del pueblo y demandan la satisfacción de sus necesidades, es como se puede apreciar, la represión y persecución penal de los luchadores del y para el pueblo. Muchos son los muertos y heridos y miles de personas se encuentran procesadas (5.000 luchadores procesados).
Este gobierno, en lugar de solucionar el problema de la pobreza, la educación y del desempleo, profundiza la crisis política-económica y aumenta la exclusión social.
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