El jueves 30 de septiembre, Ecuador ha conmocionado al mundo entero ante la aparición tomas de cuarteles, y manifestación en la calle por parte de la policía ecuatoriana en distintos puntos del país.
La policía ecuatoriana consideró viable la medida de fuerza adoptada como forma de protestar ante el veto presidencial a la “Ley de Servicio Público” aprobada por la Asamblea Legislativa, lo que implicó suprimir una serie de beneficios, conquistas, y subsidios, que habían conquistado en el transcurso de varios años.
Ecuador no es ajeno a la realidad que golpea a toda la escena mundial, donde las luchas impulsadas por diversos sectores populares van aumentando y por momentos se tornan incontrolables.
El presidente Rafael Correa se suma a la lista de los funcionarios que tratan de endulzar al pueblo con discursos de “izquierda” pero que notoriamente en los hechos actúan de derecha.
La resistencia impulsada por trabajadores, sindicalistas, indígenas, campesinos, maestros, estudiantes, servidores públicos, pequeños comerciantes y jubilados frente a las políticas neoliberales, privatizadoras y entreguistas, denotan el cansancio de dichos sectores frente a las falsas y degradantes políticas (cuando estas son cumplidas y no quedan en una simple promesa) que son adoptadas por Correa, lo cual instaura en Ecuador la cuenta regresiva en que se manifestará la bronca social.
Los trabajadores se encuentran reclamando en defensa de los derechos sindicales que pretenden ser anulados por el gobierno; los pueblos indígenas reclaman la defensa del agua como recurso humano vital; a su vez, los pueblos indígenas conjuntamente con las comunidades campesinas resisten contra las políticas entreguistas y depredadoras que produce la Ley de Minería; la educación también se encuentra en crisis frente al reclamo de los maestros, quienes exigen estabilidad en el empleo oponiéndose a evaluaciones retaliatorias y excluyentes; los estudiantes secundarios y universitarios expresan su repudio a una “Ley de Educación Superior” que avasalla la autonomía universitaria, el cogobierno estudiantil, y la libertad de ingreso al sistema educativo universitario (con el veto que el presidente Correa realizó a la Ley de Educación Superior justificándose en el texto constitucional estableció que el Estado debe poseer la rectoría de las políticas públicas educativas, por lo que devuelve dicha facultad a la Secretaría Nacional. Además la Secretaría es “el órgano que tiene por objetivo ejercer la rectoría de la política pública de educación superior y coordinar acciones entre la Función Ejecutiva y las instituciones del Sistema de Educación Superior”, según palabras del mismo Correa. El titular de la Secretaría será designado por el presidente de Ecuador); los trabajadores de servicios públicos se encuentran defendiendo su estabilidad en el empleo y diversas conquistas arrancadas; los jubilados reclaman por mejoras en las pensiones y del Seguro Social; los pequeños comerciantes reclaman por una Ley que garantice su derecho al trabajo, la seguridad social y otras conquistas.
Además no falta en la escena las manifestaciones y repudios de diversos sectores frente a las políticas de Correa que favorecen a los grandes monopolios imperialistas petroleros, mineros, de telecomunicaciones, y contra aquellas políticas que favorecen a la deuda externa en condiciones desventajosas, las que involucrar al país en el Plan Colombia y de impulsar una política lesiva a la soberanía nacional en la suscripción de la Convención de los Derechos del Mar (CONVEMAR).
La forma en que el presidente Correa conoce de estos reclamos es con el impulso de una política represora que no logra ocultar el dejo de víctimas fatales como el asesinato del profesor Bosco Wisuma, heridos y grandes daños materiales como en los casos del ataque a la población de Dayuma, a los mineros del Azuay, desalojo violento a mineros de Zamora, detención y persecución de dirigentes de organizaciones obreras, indígenas, campesinas, de maestros y estudiantes. Además, quienes reclaman por sus derechos son calificados por la pantalla oficialista como “terroristas”, “corruptos”.
Los medios de difusión, transmitieron el alarmante “golpe de estado” impulsado contra Rafael Correa por parte de las fuerzas policiales el día jueves 30 de septiembre.
Esta es una protesta impulsada por las fuerzas policiales, la cual se manifestó en la toma de cuarteles, en respuesta a la aprobación de la “Ley de Servicio Público”, aprobada por la Asamblea Legislativa y vetada por el presidente Correa.
Existió la ilusión en dicho sector de conquistar una serie de derechos, beneficios y subsidios, reclamados por años de lucha y derivados los mismos por un simple veto presidencial.
Las fuerzas policiales reclaman además el cambio de la cúpula de la institución, pero es de resaltar que en ningún momento se pronunciaron por un cambio de gobierno o su derrocamiento.
Lo que no se ha difundido por los medios es la solicitud de dialogo por parte de dicho sector, y cese de las actitudes autoritarias, para poder así tomar parte en la cuestión que los afecta.
En este marco, los sucesos del 30 de septiembre de 2010, en los cuales la policía ecuatoriana reclama por sus derechos, se suman a la lista de luchas populares que se manifiestan en contra de las políticas neoliberales, monopólicas y entreguistas desarrolladas por Correa.
Los hechos ocurridos no fueron de menor importancia, pero crean sospecha del intento del gobierno de caratularlos como un intento de “golpe de estado”. Por su lado, los medios mostraban las imágenes de un presidente que acudía personalmente al lugar del reclamo policial dentro del Regimiento de la ciudad de Quito y que tenía la valentía de encontrarse rodeado por dichos manifestantes. Este actuar, visto desde la óptica de los manifestantes policiales, fue analizado como la imprudente y patoteril política con que el ya conocido Rafael Correa desea sortear las luchas populares.
Subestimar a las fuerzas policiales de intento de asesinar al mandatario es el paralelo a sacar la comida de la boca a un león.
Producto del desmadre causado (no faltó el arroje de gases lacrimógenos y diversos objetos, en repudio a la presencia del presidente) dentro el Regimiento de Quito, Correa buscó asilo en el Hospital de la Policía. Finalizando la jornada del día jueves 30, se produjo un importante despliegue militar, el cual pudo ser visible por diversos medios televisivos. El saldo de dicho “rescate” fue un saldo de varias víctimas fatales, decenas de heridos, graves daños a las instalaciones del Hospital de la Policía, y hasta se puso en riesgo la propia integridad del presidente.
Luego del mediatizado rescate, Correa se dirigió a la Plaza Grande, donde lo aguardaban sus seguidores, a quienes arengó en un discurso carente de pruebas, y deformando la verdad, buscando legitimar su actuar político, y tratando de lograr la confusión popular con su mentira.
De una u otra forma, este discurso fue exitoso, ya que logró la confusión de considerables sectores de la opinión pública mundial.
¿Que consecuencias apareja el veto presidencial a la Ley de Servicio Público?: La decisión adoptada por el presidente Correa mediante el veto presidencial es poner en riesgo la estabilidad de los trabajadores del servicio público. Anula prácticamente de modo absoluto el derecho de los trabajadores a beneficiarse de la prestación jubilatoria, ya que establece para acceder a la misma cumplir con el requisito de cumplir 70 años de edad. Además establece una evaluación de desempeño laboral, la cual es de carácter punitivo, ya que quien obtuviera la calificación de “insuficiente” será destituido inmediatamente (postura opuesta solicita que el trabajador sea capacitado y que sea evaluado nuevamente). La edad de 65 años será la cual consagre el máximo de ascensos que un trabajador podrá realizar en su carrera, lo cual es una política netamente discriminatoria y anula el principio de igualdad ante la Ley.
Las indemnizaciones por supresión de puestos o partidas y el beneficio de jubilación baja de siete salarios básicos unificados a cinco y de un total de doscientos diez salarios básicos unificados a ciento cincuenta. Las indemnizaciones en cuestión serán supeditadas a la disponibilidad fiscal e incluso con bonos del Estado. El tiempo del derecho a la lactancia se reduce de un año a nueve meses.
Por otro lado, el veto presidencial a la Ley de Servicio Público provocó que las enfermeras vean un aumento en la jornada laboral de 2 horas, por lo que deberán cumplir un total de 8 horas diarias. Este veto elimina la jornada especial para personas que ejecutan trabajos peligrosos o que realicen sus actividades en ambientes insalubres, lo que no solo es una violación a los derechos de las enfermeras sino a tratados internacionales. El texto que se derogaría es: literal c) del artículo 13 de la Ley de Ejercicio Profesional de Enfermeras y Enfermeros del Ecuador que dice:
“c) Cumplir puntualmente las jornadas de trabajo establecidas de la siguiente manera: seis horas de trabajo diurno, doce horas de trabajo nocturno cada dos noches y dos días de descanso semanal.” Y por último, firme en su ataque a la organización gremial en el veto se pone límites a esta actividad al establecer diez días de permiso para que los servidores públicos puedan hacer uso de este derecho, con estas regulaciones se pretende minar la acción de estas organizaciones y con ello se da un golpe al derecho de libre asociación”.
En Ecuador se exige:
-anulación de los vetos presidenciales y de todas las políticas antipopulares y antinacionales que contienen las leyes conexas como las reformas a la Ley de Hidrocarburos, la Ley de Ordenamiento Territorial, de Servicio Público, Educación Superior, el Código de las Finanzas Públicas y otras que perjudican a los trabajadores, la juventud y los pueblos.
-derogación del “estado de excepción” (ya que el mismo gobierno señala que no hay conmoción interna).
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