El viernes 2 de julio comenzó el juicio por la causa UP1. Organismos de derechos humanos, centro de estudiantes y gremios se convocaron en las puertas de los tribunales federales. Videla y Menéndez junto a otra veintena de imputados deberán responder por las torturas y asesinatos de 31 presos políticos ocurridos entre abril y octubre de 1976, por aplicación de la llamada Ley de Fuga.
Este juicio es diferente a los dos anteriores realizados en Córdoba porque se trata de ex presos políticos alojados en la Penitenciaría.
Los hechos que se juzgan se relacionan con la fecha en que los militantes populares eran retirados por orden judicial, fraguaban “enfrentamientos con las fuerzas del orden” y luego los informaban como “ataques realizados por “delincuentes subversivos” que obligaron a las fuerzas a disparar y por consiguiente matar. En realidad, los fusilaban y arrojaban a la calle.
Posteriormente, la prensa daba cuenta del suceso publicando el comunicado emitido por el Tercer Cuerpo. Los cuerpos eran trasladados luego a la morgue judicial o al Hospital Militar. Un médico firmaba el certificado de defunción antes de entregar el cuerpo a la familia.
Entre las 31 víctimas de la causa llamada UP1 se encuentra María Eugenia Irazusta, mártir del PCR, asesinada en la D 2. María Eugenia era el enlace con la imprenta clandestina del PCR y guardó el secreto de dónde se ubicaba. Venciendo con su silencio al enemigo, es ejemplo para todos los comunistas revolucionarios. La imprenta siguió funcionando en el mismo lugar varios años más.
Es un logro de los organismos de derechos humanos poder enjuiciar en esta causa a toda la cadena de mandos y llegar a Videla. Se juzgan a 13 militares, 13 policías y un médico civil. Quedan sin juzgar aún otros actores como jueces, administrativos y médicos que finalmente quedaron en causas conexas. Exigimos ¡juicio y castigo a todos los culpables!
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