Disputa entre los de arriba y medidas reaccionarias para los de abajo.
Con los proyectos de la mal llamada “democratización de la Justicia”, el gobierno K juega una “carambola” a varias bandas.
Por un lado, busca avanzar en su disputa con otros sectores del bloque dominante, en el control del aparato judicial. Necesita hegemonizar ese aparato, porque su desgaste político, particularmente a partir de la masacre de Once y las luchas obreras y populares, pone dificultades su plan de re-reelección, por lo que tiene que evitar que la Justicia le trabe algunas de las maniobras que elucubra para revitalizar ese plan. Además, se busca precaverse, si no puede imponer la re-reelección, para evitar los juicios que se acumulan por la brutal corrupción con que fue engordando el hoy poderoso grupo económico kirchnerista, y los bolsillos del “capitalismo de amigos”.
Por otra parte, y esto no es una cuestión menor para el pueblo, trata de liquidar, en los hechos, una conquista democrática que es utilizada para limitar atropellos del Estado a los intereses populares. Razón por la cual, lejos de ser una “democratización” de la Justicia, fortalece su carácter reaccionario.
2. El Estado y la disputa por arriba
El aparato político, judicial y represivo forman el Estado, que en países dependientes como el nuestro, son el instrumento de la dominación oligárquico-imperialista. El carácter de la Argentina como país en disputa por varios imperialismos, conlleva una lucha por la hegemonía del Estado.
Los cambios que se produjeron en la Justicia (Corte Suprema y 400 jueces) en lo que va del gobierno kirchnerista, fueron hechos, en parte, durante el período en que los Kirchner estaban aliados a grupos como Clarín, Techint y otros, y expresaron esas alianzas. Además, en el cambio de jueces, tuvo un peso fundamental un instrumento surgido de por la Constitución surgida del “pacto de Olivos” entre Menem y Alfonsín: el Consejo de la Magistratura.
El cambio de hegemonía producido en el Estado con la irrupción del kircherismo y sus “alianzas estratégicas”, priorizando a China, y luego a Europa y el Mercosur, necesita, para su continuidad, “ajustar” el aparato judicial a los cambios producidos en la economía y la política, lo que choca con los intereses de otros grupos del bloque dominante: un Consejo de la Magistratura dócil al gobierno K, que maneje realmente la justicia, y generalizar las Cámaras de Casación en todos los fueros, dejando a la Corte Suprema de florero (por ahora, o cambiar su composición, de ser necesario).
Esta disputa es y será feroz entre los grupos que integran el bloque hegemónico de las clases dominantes. Habrá munición pesada de uno y de otro lado. Hace poco Hebe de Bonafini anunció que iba a hacer públicos los “prontuarios” de los jueces de la Corte Suprema; y Lanata y Carrió sacan a luz los negociados de la fortuna de los Kirchner. Para el gobierno K ganar esta batalla hace a su continuidad; para otros, como es el caso del grupo Clarín, hace a su supervivencia.
Esta batalla arrancó en el Congreso, dominado por el kirchnerismo; y seguirá en la justicia, donde la última palabra sobre la constitucionalidad de las leyes la tiene la Corte Suprema. Como ya no estamos en el 2011, con Cristina K con el 54%, el resultado de esta pelea está por verse.
3. La prepotencia del Estado reaccionario
Pero no todo es pelea por arriba. El gobierno usa el “caso Clarín” para impulsar la modificación de las medidas cautelares que ha usado ese holding multimedios para resistir. Pero el condicionamiento que hace de las cautelares y recursos de amparo, al condicionarlas al “interés público” (entre muchos otros condicionamientos), liquida una conquista democrática del pueblo y le da al Estado un arma poderosa para restringir derechos populares.
Si esta ley se aprueba, el gobierno podrá maniobrar para que, con suerte, los bisnietos de los jubilados cobren sus juicios, los damnificados por el “corralito” no habrían cobrado nada por “la emergencia económica”, el derecho de huelga podrá ser negado por “el interés público”, ni qué hablar de un corte de ruta.
Es una ley reaccionaria, antiobrera y antipopular.
Otros aspectos del “paquete K”, aunque tienen otro destino principal, también afectarán al pueblo. Tal el caso de las Cámaras de Casación, que harán más lerdo llegar a un fallo definitivo, y aumentarán el costo de los honorarios de juicios más prolongados aún de lo que ya son.
4. Lo que no hacen
Nada hay de verdaderamente democrático en el proyecto de “democratización de la Justicia K”. La supuesta democratización del ingreso de empleados judiciales queda en la nada al tener como órgano de aplicación al Consejo de la Magistratura y no a la organización de los propios trabajadores de la Justicia. La publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios no se cumple o se falsifica. La publicidad de los fallos judiciales no cambia quién tiene el poder de dictar esos fallos.
Una reforma democrática, debería, entre otras cosas, poner en práctica los juicios por jurado que establece la Constitución Nacional en su artículo 118, como vienen reclamando el PCR y el PTP. En el juicio por jurado, son simples ciudadanos, los jurados, los que deciden si el acusado es culpable o inocente, recortando el poder de “la corporación judicial”. Un jurado así no habría puesto en libertad a los procesados en el juicio de Marita Verón. Ni qué hablar de los genocidas de la dictadura. Cómo va a hacerlo un gobierno como el K, que se niega a publicar los decretos de la dictadura y los archivos del Estado sobre el genocidio dictatorial.
De igual manera, exigiría liquidar el mamarracho del Pacto de Olivos y su Consejo de la Magistratura menemista-alfonsinista, y establecer la elección y revocatoria popular directa de los jueces.
Así, lejos de promover en el Congreso una ley de amnistía para los 4.000 luchadores populares procesados, con lo que el gobierno K viene criminalizando la protesta, se reforzaría esa política represiva.
